Se trata de Malta, el primer país de la Unión Europea en donde la Cámara de Representantes de legalizó el cultivo y consumo de cannabis con fines recreativos. Sin embargo, seguirá siendo ilegal consumir cannabis en lugares públicos y aquel que sea sorprendido haciéndolo frente a un niño será multado y podría pagar entre 340 y 564 dólares.
El impulsor del proyecto de ley, Owen Bonnici, parlamentario y actual ministro de Igualdad, Investigación e Innovación, celebró este hecho: “Somos los que crean el cambio”, aplaudió en sus redes.
La ley fue aprobada en su tercera lectura con 36 votos del Partido Laborista del primer ministro Robert Abela y con 27 en contra de la oposición conservadora, el Partido Nacionalista, según recogen los medios locales.
La legislación deberá ahora ser ratificada por el presidente de la República maltesa, George Vella, doctor de profesión, aunque su firma se considera solo un formalismo.
El pequeño estado insular de Malta, que permite el consumo de cannabis con fines médicos desde 2018, se dota así de una ley pionera en la UE, pues legaliza el uso, cultivo y tenencia del cannabis dentro de ciertos límites con fines recreativos.
El texto prevé que los mayores de edad, de 18 años, podrán poseer hasta 7 gramos de cannabis y de sus derivados psicoactivos, como el hachís, y podrán cultivar en hasta cuatro plantas, conservando en casa hasta cincuenta gramos de la hoja de esta planta.
Además, todo aquel que sea hallado con una cantidad entre 7 y 28 gramos de cannabis no enfrentará causas penales, sino solo una multa que oscilará entre los 50 y los 100 euros.
No obstante en Malta no se podrá consumir cannabis en público, siempre que no sea por razones médicas, y quien lo haga será multado con 235 euros, una cantidad que podrá aumentar a los 500 euros si se hace delante de menores de edad.
El cannabis se podrá consumir en casas privadas o en unos locales amparados por esta ley que funcionarán como asociaciones privadas sin ánimo de lucro, que además serán los únicos establecimientos que podrán vender esta droga.
Estas asociaciones, que no podrán exceder los 500 miembros y serán gestionadas por personas “de buena conducta” comprobada, no podrán publicitar sus actividades y tampoco podrán tener sus sedes a una distancia menor de 250 metros de una escuela o centro juvenil.
El Gobierno y el Partido Laborista se ha encontrado con la férrea oposición de asociaciones católicas, que prevén un impacto negativo en la sociedad y una “normalización” de esa droga.
La archidiócesis de Malta publicó ayer un comunicado en el que avisaba que la legislación sobre el cannabis recreativo no “es progresista” y será “dañina” para la sociedad, dijo valiéndose del parecer de la psiquiatra Aloisa Camillieri.
Por eso la Iglesia católica, junto a 57 organizaciones y grupos de presión habían exigido al Parlamento que detuviera la tramitación de esta ley, sin éxito.
